Cuando me fui del colegio (no
digo la fecha, pero ya llovió) para empezar mi carrera de Derecho, propuse que
era necesario que los alumnos conociesen la Constitución Española de 1978, que
se conociese el sistema político que nos hemos dado los españoles, incluso con
las reformas que se pudieran acometer en cada momento, porque consideraba, y
aún lo hago, que sembrar los valores democráticos en nuestros jóvenes, hará que
nunca volvamos la vista atrás. Pero enseñar nuestro sistema constitucional y
político, no debe ser más que un ejercicio de enseñanza, no de adoctrinamiento.
Me alegra, como comprenderéis la reforma que el ministro Wert anuncia de la
asignatura educación para la ciudadanía por la educación cívica constitucional,
porque conociendo lo que somos, en el contexto de que ya se estudia historia y
lo que fuimos por ende, nos hará más fuertes en el futuro, nos hará valorar
mejor nuestro sistema democrático y lo que éste representa y nos hará más
juiciosos en nuestros planteamientos vitales, más respetuosos con los demás y
con nosotros mismos y servirá para conocerse mejor, porque quien no se conoce
bien a sí mismo no evoluciona.
Conociendo nuestra Carta Magna
nos caeríamos tan fácilmente en manifestaciones que rozan el ridículo o incluso
el absurdo como la que estos días se está produciendo ante la sede del Tribunal
Supremo en Madrid por parte de algunos exaltados de la izquierda trasnochada
que hace causa política del hecho de que un juez (por conocido que sea éste)
sea sometido a la acción de la justicia. ¿Puede ser un juez juzgado?
Evidentemente si, los que creemos firmemente en la vigencia constitucional y en
los valores democráticos que ésta representa así lo afirmamos: nadie debe
quedar al margen de la acción de la justicia, con una Constitución que ya en su
artículo 1 señala como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ya señala el
artículo 9 que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Ningún juez, ni magistrado,
ni político, ni abogado, ni agricultor, ni representante de cualquier estamento
puede quedar al margen de los dictados constitucionales, ya tiene el juez en
cuestión el “privilegio” de ser juzgado por un tribunal como es el Supremo en
el que se encuentran juristas de gran talla, porque no deja de ser un privilegio
ser juzgado por la más alta magistratura del país. Ante ese Tribunal ejercerá
sus derechos de defensa tan bien reconocidos en el artículo 24, su derecho a la
tutela judicial efectiva, a la antedicha defensa a la presunción de inocencia
al in dubio pro reo, etc, etc. Es más afirmo que haber llegado a este supuesto,
como ha habido otros con anterioridad en que un juez como Garzón sea sometido a
la acción de la justicia por denuncias, querellas, y demás actuaciones
judiciales, no supone más que un termómetro del buen funcionamiento del sistema
democrático, un termómetro de que Alfonso Guerra se equivocó cuando pronuncio la
famosa frase de “Montesquieu ha muerto”, porque no lo está porque la división
de poderes está ahí, porque nadie es ajeno a la acción de la justicia, y porque
los valores constitucionales que representa la Constitución Española de 1978
están más vivos que nunca y me alegra. Ni yo, ni tú, ni Garzón, ni nadie y eso
representa la grandeza de la democracia.
Por ello me alegro de que los valores a los aludía
antes que señala ya el artículo 1 de la Carta Magna: “España se constituye en
un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político. Y que “ La soberanía nacional reside en el pueblo español,
del que emanan los poderes del Estado” sea conocida en un futuro por mis hijos,
porque conocer será saber, saber será querer y queriendo le tenemos ganada la
partida al pasado, y la vista sólo puesta en el futuro. Por cierto en mi
colegio se estudió la Constitución.
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